Carta en contra de la pena de muerte – Amnistía internacional –


Argumentos contra la pena de muerte
Sr. Chun Jung-bae
Ministro de Justicia
Estimado señor ministro:

Le
escribo esta carta pública en nombre de Amnistía Internacional para
expresar satisfacción por la decisión del gobierno de Corea del Sur de
examinar la cuestión de la pena de muerte y de considerar la
posibilidad de abolirla.

Si Corea del Sur suprime la pena
capital, se unirá a la mayoría de las naciones del mundo y dará un paso
importante en el fortalecimiento de la tendencia global contra las
ejecuciones. Ciento veintidós países han abolido la pena de muerte por
ley o en la práctica y, en 2005, sólo 22 Estados llevaron a cabo
ejecuciones.

Desde su independencia en 1948, Corea del Sur ha
ejecutado al menos a 900 personas, en su mayoría por ahorcamiento. Las
últimas ejecuciones llevadas a cabo en el país tuvieron lugar en
diciembre de 1997, cuando 23 personas fueron ejecutadas sin apenas
aviso previo. Amnistía Internacional aplaude el hecho de que exista una
suspensión no oficial de las ejecuciones desde febrero de 1998, fecha
en que Kim Dae-jung, condenado a muerte él mismo en 1980, asumió el
cargo de presidente. Tampoco se han llevado a cabo ejecuciones durante
el actual gobierno del presidente Roh Moo-hyun. Sin embargo, al menos
tres personas han sido condenadas a muerte en Corea del Sur en 2005, y
una en 2006. En la actualidad, 63 presos continúan condenados a muerte.

Recientemente, numerosos países de diferentes regiones del
mundo han abolido la pena capital. Europa la ha desterrado casi por
completo: sólo Uzbekistán y Bielorrusia han llevado a cabo ejecuciones
en los últimos años. En América, únicamente Estados Unidos realiza
ejecuciones de forma regular. En África se han dado pasos
importantísimos para librar de ejecuciones al continente. Senegal y
Liberia han abolido hace poco la pena de muerte y, en 2005, sólo tres
de 53 países africanos llevaron a cabo ejecuciones.

Lamentablemente,
la región de Asia destaca por su resistencia a esta tendencia global.
En esta región hay países que presentan un alto índice de ejecuciones,
aparentemente sin perspectivas de abolición. Naciones como Japón,
China, Singapur e Indonesia parecen ser acérrimos defensores de la pena
capital. Amnistía Internacional cree que la abolición de la pena de
muerte en Corea del Sur proporcionaría a la región un liderazgo en
derechos humanos muy necesario y sería un valioso ejemplo del progreso
de una nación hacia la plena protección de los derechos humanos. Este
paso fomentaría otros avances en la región, en la misma línea que la
abolición de la pena de muerte en Camboya, Nepal y Timor Oriental, o
que la decisión adoptada este mes por Filipinas de abolir la pena
capital, que se había reinstaurado en 1994.

Amnistía
Internacional es consciente de que la cuestión de la pena de muerte a
menudo suscita acalorados debates políticos y públicos. Por lo general,
la pena capital se utiliza con el convencimiento de que actúa como
elemento disuasorio de delitos violentos, por lo que a los gobiernos
les resulta difícil abandonar una medida que creen beneficiosa para sus
ciudadanos y ciudadanas. No obstante y a pesar de repetidos intentos,
no hay estudios científicos que hayan logrado demostrar de forma
convincente que la pena de muerte disuada de la comisión de delitos con
más eficacia que otros castigos.

A continuación se exponen, de
acuerdo con las opiniones y experiencias de Amnistía Internacional,
algunos de los principales argumentos contra el uso de la pena de
muerte y algunas de las justificaciones que se esgrimen con más
frecuencia en las ejecuciones cometidas por el Estado.

Las ejecuciones llevan justicia a las víctimas de los delitos y a sus familiares

Los
políticos y otras personas que defienden la pena de muerte recurren
continuamente a las víctimas de los delitos y a sus familiares para
justificar las ejecuciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, los
fiscales hablan de poner "punto final" al sufrimiento de la familia de
la víctima mediante la ejecución del perpetrador. Sin embargo, tales
argumentos son simplistas y no tienen en cuenta las complejidades del
dolor emocional que experimentan quienes han sufrido la pérdida de un
ser querido.

Al oponerse a la pena de muerte, Amnistía
Internacional no desea en modo alguno minimizar o disculpar los delitos
por los cuales fueron declarados culpables los condenados a muerte. La
organización, que está profundamente comprometida con las víctimas de
los abusos contra los derechos humanos, no pretende menospreciar el
sufrimiento de las familias de las personas asesinadas, a las cuales
está unida por el más sincero sentimiento de solidaridad.

Sin
duda, quienes han sufrido la pérdida de un ser querido por homicidio a
menudo sienten una enorme furia hacia el perpetrador del delito, y esta
emoción se manifiesta en expresiones de deseo de venganza. También es
posible que los familiares de las víctimas anhelen la imposición del
castigo más severo que exista como expresión de su dolor y como muestra
del amor por la persona que han perdido.

Resulta crucial que
las personas cercanas a la víctima de asesinato reciban el apoyo de las
autoridades y que se adopten medidas para aliviar su sufrimiento. Sin
embargo, la ejecución del asesino poco ayuda a mitigar a largo plazo el
dolor emocional de los familiares y sólo inflige un sufrimiento similar
a la familia del ejecutado.

En realidad, la pena de muerte es
un intento fallido de reflejar el valor que la sociedad otorga a las
vidas de las víctimas de asesinato y al sufrimiento de sus seres
queridos.

La pena de muerte como elemento disuasorio de la
comisión de delitos: temor de que la abolición desemboque en un aumento
de la criminalidad.

”Nos engañaríamos a nosotros mismos
si creyésemos que la ejecución de […] un número comparativamente
reducido de personas cada año […] es la solución al índice
inaceptablemente elevado de delincuencia […] El mayor elemento
disuasorio de la comisión de delitos es la probabilidad de que los
delincuentes sean detenidos, condenados y castigados. Ésa es la
carencia de nuestro sistema de justicia penal.” Declaración realizada
por el Tribunal Constitucional de Sudáfrica cuando abolió la pena de
muerte por inconstitucional en 1995.

Muchos políticos de
diferentes naciones y culturas han argumentado que la pena de muerte es
una medida necesaria para controlar la delincuencia y valoran las
ejecuciones por su presunto efecto disuasorio en la situación general
de la actividad delictiva. Para que esta proposición sea cierta, tiene
que ser verosímil que los delincuentes violentos analicen las
consecuencias de ser detenidos y obligados a rendir cuentas de sus
actos y decidan, por tanto, que el riesgo de ser ejecutados no es
aceptable, mientras que una pena de prisión prolongada sí lo es. En
realidad, Amnistía Internacional sospecha que los criminales no piensan
que serán capturados cuando cometen un delito. La mejor forma de
disuadir de la comisión de delitos violentos es garantizar una elevada
probabilidad de captura y condena del perpetrador, no castigos más
duros.

Según datos de distintas partes del mundo, la pena de
muerte no frena por sí sola la comisión de delitos. En Estados Unidos,
Canadá y otros países, los indicios no muestran que los delitos
violentos aumenten en ausencia de la pena de muerte. Por ejemplo, en
Estados Unidos, la media de asesinatos en 2004 en estados en los que
existe la pena de muerte era de 5,71 por 100.000 habitantes, mientras
que, en estados libres de la pena capital, este porcentaje era tan sólo
de 4,02 por 100.000 habitantes. Además, en Canadá, en 2003, 27 años
después de la abolición de la pena de muerte, el índice de asesinatos
había caído un 44 por ciento desde los niveles de 1975 (antes de que se
suprimiese la pena capital).

Un ejemplo reciente es el estado
estadounidense de Nueva York, donde se reinstauró la pena de muerte en
1995. A finales de la década de 1990, la tasa de homicidios de este
estado invirtió la tendencia al alza y comenzó a descender. En junio de
2004, la máxima instancia judicial del estado determinó que las leyes
que permitían la pena de muerte contravenían la Constitución del estado
y revocó la pena capital. Hasta el momento, los legisladores se han
negado a reintroducirla. Si el riesgo de ejecución fuera un elemento
disuasorio, sería esperable que la abolición de la pena de muerte (que
recibió abundante publicidad) alentase a asesinos potenciales a cometer
delitos, por lo que aumentarían los índices de delincuencia. Sin
embargo, ha ocurrido lo contrario. En los seis primeros meses de 2005
(un año después de que el tribunal revocase la pena de muerte), la tasa
de homicidios había descendido en un 5,3 por ciento.

El riesgo siempre presente de ejecutar a una persona inocente

Siempre
que se aplica la pena capital, existe un elevado riesgo de ejecutar a
una persona que no es culpable del delito por el cual la han condenado
a muerte. Además, la pena de muerte se ha usado arbitrariamente contra
presos considerados opositores políticos, tal como ocurrió en Corea del
Sur.

Amnistía Internacional ha documentado en todo el mundo
casos de ejecuciones de personas que posiblemente fuesen inocentes.3
Hasta la fecha, en Estados Unidos, 123 presos condenados han quedado en
libertad desde 1973 tras salir a la luz pruebas de su inocencia.
Asimismo, en China, Nie Shubin, jornalero, fue ejecutado por asesinato
y violación en 1995. Informes recibidos pusieron de manifiesto en aquel
momento que Nie Shubin había confesado los delitos bajo tortura. En
marzo de 2005, un detenido en relación con otro caso confesó
voluntariamente, según informes, los delitos imputados a Nie Shubin, y
al parecer describió la escena del crimen con precisión.

En
otros países, numerosas personas han sido condenadas a muerte por
delitos que no han cometido. Japón absolvió a cuatro presos
anteriormente condenados a muerte cuando se determinó que habían sido
injustamente acusados; los cuatro hombres habían pasado años en espera
de ejecución, en uno de los casos, 34 años.

Algunos delitos son tan atroces que la sociedad debe mostrar su repulsa ejecutando al perpetrador.

No
puede usarse una ejecución para condenar un homicidio. La ejecución de
una persona por parte del Estado es el reflejo de la disposición de un
delincuente a emplear la violencia física contra una víctima. Además,
todos los sistemas de justicia penal son vulnerables a la
discriminación y al error. Ningún sistema es capaz -y es inconcebible
que llegue a serlo- de decidir de manera justa, coherente e infalible
quién debe vivir y quién debe morir. La conveniencia según las
circunstancias, las decisiones discrecionales y la opinión pública
preponderante pueden influir en los procedimientos, desde la detención
inicial hasta la decisión de último momento de otorgar clemencia.

El
rasgo principal de los derechos humanos es que son inalienables: todo
individuo ha de disfrutarlos con independencia de su condición, etnia,
religión u origen. Nadie debe ser privado de ellos independientemente
de los delitos cometidos. Los derechos humanos existen para proteger a
todas las personas; por eso son inherentes tanto a los peores como a
los mejores de nuestros semejantes.

Además, la experiencia
demuestra que la pena de muerte se impone a algunas personas, mientras
que quizás otras que han cometido delitos similares o incluso peores se
libren de tal castigo. Los presos ejecutados no son única y
necesariamente quienes han perpetrado los peores crímenes, sino
aquéllos que carecían de recursos para contratar asistencia letrada
competente que los defendiese, o que comparecieron ante fiscales o
jueces más severos.

La comunidad internacional ha reconocido
que no existe delito que merezca la pena de muerte. La Corte Penal
Internacional, los tribunales internacionales creados para abordar las
secuelas de las atrocidades cometidas en la extinta Yugoslavia y en
Ruanda y el Tribunal Especial para Sierra Leona (todos ellos,
tribunales establecidos para juzgar delitos en los que se han cometido
abusos graves contra los derechos humanos, incluidos los crímenes de
lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra) excluyen la
imposición de la pena capital. Esta decisión ilustra la fuerza del
movimiento global que se aleja del uso de la pena de muerte.

Conclusión

Las
ejecuciones dan a la sociedad una falsa ilusión de control sobre la
amenaza que suponen los delitos graves para la seguridad pública. En el
periodo inmediatamente anterior y posterior a una ejecución impera el
sentimiento de que se ha asestado un golpe a la delincuencia.

Sin
embargo, la pena capital no tiene, en realidad, utilidad alguna en la
lucha contra el crimen. En muchas sociedades, la imposición de la pena
de muerte desvía la atención de las acciones que pueden ser cruciales
para reducir la violencia. Una vez abolida la pena capital, las
sociedades se acostumbran a vivir sin la brutalidad de las ejecuciones
y, con el paso del tiempo, la pena de muerte deja de ser una cuestión
importante y raras veces se debate.

En nombre de la membresía
de Amnistía Internacional de todo el mundo, y en nombre de los derechos
humanos, insto a Corea del Sur a dar este paso histórico hacia la
abolición de la pena de muerte.

Atentamente,

Irene Khan
Secretaria general de Amnistía Internacional.

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